Crisis en la Secretaria de Movilidad y Transporte en Morelos
La crisis que hoy enfrenta la movilidad y el control vehicular en Morelos no surge de un solo funcionario ni de una mala decisión aislada. Años de prácticas opacas, contratos cuestionables, omisiones deliberadas y una cadena de titulares incapaces —o renuentes— de corregir un sistema diseñado para la discrecionalidad la construyeron. Desde 2019 y hasta la fecha, la Secretaría de Movilidad y Transporte, hoy convertida en Coordinación General, representa uno de los ejemplos más claros del deterioro institucional del gobierno estatal.
Durante la gestión de Víctor Mercado Salgado, compartida en distintos momentos con Eduardo Galaz Chacón, se establecieron las bases del caos actual. El control vehicular no se ordenó; se convirtió en un negocio.
En 2021, en pleno sexenio de Cuauhtémoc Blanco, la dependencia firmó un contrato para adquirir placas y engomados para transporte público, privado y particular, así como formatos oficiales. El documento recibió fecha de recepción el 16 de marzo de 2021, bajo el número de oficio SMT/UEFA/0073/2021. TROQUELADOS E IMPRESOS S.A. DE C.V., antes PLACAS DE MÉXICO S.A. DE C.V., fungió como proveedor, el mismo de años anteriores, lo que evidenció una preocupante falta de rotación y competencia real.
Lo más grave no fue solo la repetición del proveedor, sino la contradicción documental. En el acta de fallo de la licitación, Grupo Industrial DLV, S.A. de C.V. ganó el concurso con una propuesta por 22 millones 146 mil 836 pesos. Sin embargo, los contratos vigentes de placas publicados en julio de 2022 por la Dirección General de Contrataciones de Bienes y Servicios señalaron como proveedor a TROQUELADOS E IMPRESOS S.A. DE C.V., no a la empresa ganadora del fallo.
El contrato apareció parcialmente censurado, con amplias secciones cubiertas. Lo más revelador fue que, después de ese documento, los registros públicos sobre la compra de placas prácticamente desaparecieron. En los meses posteriores, la autoridad dejó de publicar contratos, como si el suministro se hubiera evaporado junto con la transparencia.
Las consecuencias llegaron de inmediato.
En 2022, ante el desabasto de láminas, la Secretaría recurrió a las placas virtuales, una solución improvisada frente a miles de quejas de ciudadanos que ya habían pagado su refrendo y nunca recibieron placas físicas.
Las denuncias crecieron. Usuarios, agencias automotrices y gestores reportaron pagos a sobreprecio de hasta el triple del costo real, cobros indebidos y cuotas ilegales para emplacar vehículos nuevos. El desorden interno no combatió la corrupción; la permitió.
El llamado “reordenamiento vehicular” se convirtió en un discurso vacío. La administración no surtió placas, no explicó contratos contradictorios y no frenó prácticas que transformaron al transporte en un riesgo de seguridad pública.
La magnitud del problema obligó al nuevo gobierno a intervenir. La Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización notificó auditorías especiales a las cuentas públicas de 2019 a 2023, específicamente en el rubro de ingresos generados por la entonces Secretaría de Movilidad y Transporte. Denuncias anónimas señalaron desvío de recursos, enriquecimiento ilícito y la desaparición de más de 30 millones de pesos.
Hasta hoy, las autoridades no han presentado resultados públicos concluyentes.
Víctor Mercado dejó el cargo para buscar la gubernatura. No la obtuvo, pero accedió a una senaduría con fuero constitucional. Eduardo Galaz se retiró con una pensión calculada sobre su salario como secretario. El sistema falló, pero sus operadores no pagaron el costo.
Con la llegada de Margarita González Saravia, el gobierno prometió una limpieza profunda. La administración extinguió la Secretaría y creó la Coordinación General de Movilidad y Transporte. Sin embargo, el nombramiento de Josué Fernández Fernández, señalado como cercano a Víctor Mercado, marcó una continuidad, no una ruptura.
Durante meses, la gobernadora lo defendió públicamente y negó actos de corrupción en la dependencia. Mientras tanto, el caos persistió dentro de las oficinas.
La caída resultó estrepitosa. Tras su destitución, la Policía Morelos sitió las oficinas. Trabajadores y testigos relataron escenas que rozaron lo grotesco: Fernández se encerró en su oficina, eliminó datos del sistema, arrojó documentos por las ventanas y amenazó con borrar información clave si no hablaba directamente con la gobernadora.
La contralora Alejandra Pani Barragán encabezó una diligencia inédita. La autoridad notificó destituciones en cadena, incluyendo directores, subdirectores y responsables de sistemas y operaciones. La dependencia quedó intervenida como si se tratara de una escena del crimen administrativo.
Las denuncias señalaron destrucción de evidencias, encubrimiento y vínculos directos con la gestión anterior. La corrupción volvió a aparecer, no como una excepción, sino como un método de operación.
Tras el escándalo, la gobernadora nombró a Jorge Alberto Barrera Toledo como nuevo titular. Su principal credencial fue haber ocupado una diputación federal sin resultados destacados y mantener cercanía política con la mandataria.
Desde el inicio, su gestión generó cuestionamientos. Líderes taxistas y concesionarios exigieron públicamente su renuncia. En su momento, el entonces secretario de Gobierno, Juan Salgado Brito, tuvo que exigirle una “sacudida” total de la dependencia ante las quejas persistentes de la ciudadanía.
El desorden no disminuyó; se profundizó. Usuarios que pagaron su refrendo recibieron tarjetas de circulación del año en curso acompañadas de engomados de 2025, una inconsistencia que convierte al contribuyente cumplido en potencial infractor dentro y fuera del estado.
Personal interno reconoce la existencia de cerca de 300 mil engomados almacenados sin usar, mientras los correspondientes a 2026 no han llegado, pese a que la propia Coordinación insiste en una supuesta “licitación nacional” que cubriría los insumos de 2025, 2026 y 2027. Jorge Alberto Barrera Toledo presumió públicamente un cumplimiento total del programa, pero los hechos lo contradicen.
A esto se suma un elemento más grave: la opacidad absoluta. Aunque la autoridad repite el argumento de una “licitación nacional”, la investigación no encontró información pública verificable. No existen bases, fallos, contratos ni anexos técnicos disponibles, como exige la ley de transparencia. La supuesta licitación se convirtió en una coartada para explicar por qué la Dirección General de Contrataciones de Bienes y Servicios del Estado de Morelos no registra contratos de compra de placas en 2025.
La ausencia total de información pública sobre un insumo estratégico, pagado con recursos públicos y que afecta a millones de contribuyentes, no constituye un descuido menor; representa una violación directa al principio de transparencia. Llamar “licitación nacional” a un proceso sin documentos verificables no aclara el problema, lo agrava. En Morelos, la opacidad no actúa como excepción; funciona como método.
Cambiar nombres sin cambiar prácticas es simulación. Y en Morelos, la simulación ya opera como política pública.
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