Campaña preventiva en centros de reinserción social de Morelos
El sistema penitenciario de Morelos fortaleció su estrategia de reinserción social con una campaña preventiva dirigida a familiares y personas visitantes de centros de internamiento. La acción busca reducir delitos asociados a la extorsión desde los penales y reforzar la seguridad dentro y fuera de estos espacios.
Personal de la Coordinación del Sistema Penitenciario, adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana estatal, implementó la campaña en los cinco Centros de Reinserción Social y en el Centro de Ejecución de Medidas Privativas de la Libertad para Adolescentes. La difusión advierte que introducir teléfonos celulares u otros dispositivos electrónicos sin autorización constituye un delito penal.
Además, las autoridades colocaron lonas informativas en los accesos principales para explicar el contenido de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, vigente desde noviembre de 2025. La norma establece sanciones de prisión y multas para quien intente ingresar equipos capaces de transmitir datos, voz, imágenes o geolocalización.
La campaña se alinea con la Estrategia Nacional Contra la Extorsión que coordina el Gabinete Nacional de Seguridad. En este marco, la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad Morelos reforzó acciones preventivas para frenar prácticas que afectan la reinserción social y facilitan delitos desde el interior de los centros.
Las autoridades recordaron un caso reciente ocurrido durante una visita familiar en el Centro de Reinserción Social Varonil Morelos, ubicado en Atlacholoaya. Custodios detectaron a una mujer que ocultaba dos teléfonos celulares durante una inspección de rutina. El Ministerio Público la vinculó a proceso y le impuso prisión preventiva mientras avanza la investigación complementaria.
El dato final muestra el alcance de la medida. Desde la entrada en vigor de la nueva ley, los centros penitenciarios de Morelos incrementaron los controles de ingreso y reforzaron la vigilancia para reducir riesgos delictivos asociados a la extorsión.
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