Acusan a Edgar Maldonado de presionar a diez alcaldes
Funcionarios municipales denunciaron que el secretario de Gobierno, Edgar Maldonado, amenazó a diez alcaldes con retirarles recursos para obras públicas si no modificaban su voto a favor de la revocación de mandato de la gobernadora Margarita González Saravia. Según los señalamientos, las presiones también incluyeron ofrecimientos de obras y posibles acciones contra las autoridades municipales.
La denuncia surge después de que 24 de los 36 ayuntamientos aprobaran la reforma, mientras ocho votaron en contra y cuatro no emitieron su voto. Sin embargo, diez municipios que inicialmente respaldaron la iniciativa enviaron posteriormente documentos al Congreso para cambiar su postura.
Los ayuntamientos involucrados son Coatetelco, Hueyapan, Jantetelco, Ocuituco, Puente de Ixtla, Tepalcingo, Tetecala, Tlalnepantla, Tlaltizapán y Xoxocotla.
Funcionarios municipales que solicitaron mantener el anonimato por temor a represalias declararon a la revista Proceso que Maldonado Ceballos habría ordenado directamente la estrategia para modificar los votos.
De acuerdo con sus testimonios, la Secretaría de Gobierno envió oficios con instrucciones sobre cómo presentar los cambios ante los cabildos y qué argumentos utilizar ante el Congreso para justificar las nuevas decisiones.
También aseguraron que el secretario llamó personalmente a varios alcaldes para advertirles que perderían obras previamente acordadas si no apoyaban a la gobernadora. A otros, presuntamente, les ofreció proyectos y gestiones a cambio de modificar su postura.
El dirigente estatal del PRI, Elíasib Polanco Saldívar, denunció estas presiones y sostuvo que los presidentes municipales recibieron amenazas de retirarles obra pública o emprender acciones en su contra.
Por su parte, Marcela Hernández Salgado, presidenta de SOMOS Morelos, calificó los señalamientos como un abuso de poder y acusó a Morena de intentar frenar un mecanismo de participación ciudadana que el propio partido promovió.
El artículo 32 de la Ley Orgánica Municipal establece que los ayuntamientos no pueden revocar sus acuerdos, salvo cuando contravengan la ley, lo exija el interés público o desaparezcan las causas que motivaron su aprobación.
Polanco Saldívar sostuvo que ninguna de estas excepciones aplica al caso y consideró inconstitucional el intento de modificar los votos sobre la revocación de mandato.
Los funcionarios consultados también señalaron que algunas presiones habrían incluido advertencias sobre auditorías de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), encabezada por José Blas Cuevas Díaz, y posibles procedimientos ante la Fiscalía Anticorrupción, a cargo de Leonel Díaz Rogel.
Ambos funcionarios han enfrentado señalamientos de actores políticos por el presunto uso de las instituciones a su cargo como instrumentos de presión.
La administración de Margarita González Saravia rechazó los señalamientos, aseguró que respeta la división de poderes y las decisiones de los ayuntamientos, y reiteró su respaldo a la revocación de mandato como mecanismo de participación ciudadana.
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