La crisis de inseguridad en Cuautla continúa afectando a comerciantes, transportistas y familias, pese al despliegue de fuerzas federales y estatales. El municipio registra la mayor tasa de denuncias por extorsión del país, mientras empresarios reportan el cierre de al menos 300 negocios y la salida de unas 300 personas que abandonaron sus hogares por amenazas.
De acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, Morelos acumuló 575 denuncias por extorsión entre enero y septiembre de 2026. En el municipio se registraron 188 casos de enero a agosto, frente a 171 del mismo periodo de 2025 y 102 de 2024.
Enfrenta extorsiones y desplazamiento de familias
Un representante empresarial, quien solicitó el anonimato, explicó que comerciantes han tenido que cerrar sus establecimientos después de recibir amenazas, sufrir ataques o no poder pagar las cantidades exigidas por grupos criminales.
La situación también afecta la publicidad local, pues algunos negocios evitan anunciarse por temor a convertirse en objetivos de extorsión.
La violencia alcanzó al transporte público. El 13 de octubre, al menos cinco combis fueron incendiadas en distintos puntos del municipio, horas después de una marcha estudiantil para exigir seguridad. Durante los días 14 y 15, varias escuelas suspendieron clases y el servicio de transporte sufrió interrupciones.
A estos hechos se suma el asesinato de un operador de la ruta 85, ocurrido el sábado mientras viajaba hacia la Ciudad de México. Una de las líneas de investigación apunta a una posible extorsión.
Cuestionan resultados del Plan Cuautla y operativos de seguridad
El Gobierno federal y el estatal impulsaron el Plan Cuautla para contener la violencia, pero empresarios y habitantes consideran insuficientes sus resultados.
Los cuestionamientos aumentaron tras la liberación, el 12 de octubre, de José David V., alias El Güero Gym, señalado como presunto integrante de una estructura criminal vinculada con Pueblos Unidos.
El fiscal Fernando Blumenkron defendió la decisión como una actuación institucional conforme a derecho. Sin embargo, fuentes citadas por medios nacionales denunciaron posibles filtraciones de información dentro de corporaciones de seguridad y de la Fiscalía, señalamientos que requieren investigación.
Ante el deterioro de las condiciones de seguridad, el Gobierno federal anunció un replanteamiento de su estrategia para Morelos, particularmente para la región oriente.
La regidora Ana Karen Lezama pidió mayor compromiso de las autoridades y responsables claros de las acciones de seguridad.
Además, organizaciones ciudadanas convocaron a una caminata por la paz para el 28 de octubre, desde el zócalo municipal hasta la Fiscalía Oriente. Solicitaron llevar fotografías de víctimas, números de carpetas de investigación y veladoras.
Mientras tanto, comerciantes y familias continúan enfrentando las consecuencias económicas y sociales de una crisis que ha alterado sus actividades cotidianas.
