El caso de Ulises Bravo Molina expone un legado de impunidad

Durante años, Ulises Bravo Molina ejerció influencia política en Morelos sin ocupar necesariamente los principales cargos públicos. Su cercanía con el entonces gobernador Cuauhtémoc Blanco le permitió convertirse en uno de los operadores más poderosos del sexenio, mientras alrededor de ese grupo crecían las denuncias por corrupción, favoritismos y abuso de poder.

Ahora, la vinculación a proceso que enfrenta por presunta violencia familiar vuelve a colocar bajo escrutinio a un grupo político cuya permanencia en el poder estuvo marcada por la impunidad y la concentración de decisiones en un reducido círculo de confianza.

La investigación contra Ulises Bravo Molina revive el legado del blanco-bravismo

La carpeta judicial no puede analizarse como un hecho aislado. Forma parte de una serie de señalamientos que durante años rodearon al grupo encabezado por Cuauhtémoc Blanco, quien también enfrenta acusaciones por un presunto intento de abuso sexual denunciado por una mujer de su propia familia.

Dos hermanos, dos investigaciones relacionadas con presuntos actos de violencia contra mujeres y una misma estructura política que convirtió el poder en un mecanismo de protección para sus integrantes.

Durante el sexenio anterior, Morelos acumuló denuncias por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos, contratos cuestionados y empresas favorecidas. En ese contexto también apareció el nombre de Christian Carmona Barón, señalado en distintas investigaciones por su relación con compañías beneficiadas con contratos millonarios durante esa administración.

Ulises Bravo Molina nunca necesitó concentrar todos los cargos públicos para influir en las decisiones del gobierno. Su parentesco con el entonces gobernador y su papel como operador político le otorgaron una posición privilegiada dentro del grupo que controló buena parte de la vida política del estado.

Morelos no puede repetir el mismo modelo político

El caso rebasa una investigación penal. También obliga a revisar el modelo de gobierno que permitió concentrar poder político, decisiones administrativas y relaciones de influencia alrededor de un mismo grupo familiar.

La discusión tampoco se limita a una denuncia por violencia familiar. También alcanza la responsabilidad política de quienes construyeron un sistema donde los señalamientos por corrupción, abuso de poder y violencia convivieron durante años con cargos públicos, dirigencias partidistas y decisiones de gobierno.

Las investigaciones deberán determinar las responsabilidades legales correspondientes. Sin embargo, el costo político ya forma parte del legado que dejó el blanco-bravismo: un gobierno cuestionado por el manejo de los recursos públicos, por las denuncias contra varios de sus integrantes y por una estructura de poder que colocó los intereses de un grupo por encima del interés de los ciudadanos.

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