A 18 días de la explosión de una pipa de gas LP en la colonia Las Granjas, en Cuernavaca, la representación legal de una familia afectada denunció presuntas omisiones de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de Protección Civil de Morelos durante la investigación.
Eduardo Núñez Morales, abogado de la familia Herrera, aseguró que revisó una copia cotejada de la carpeta, integrada por más de 600 fojas, y no encontró los 120 dictámenes periciales que la Fiscalía había reportado.
“De las 120 periciales que tanto se dijo por parte de Fiscalía que se habían practicado, no existe ni un solo dictamen rendido”, sostuvo.
Explosión mantiene sin resolver preguntas fundamentales
El abogado señaló que tampoco encontró peritajes sobre las condiciones del tanque, las válvulas o la propia unidad de Tomza Gas Titanium. Para las víctimas, la investigación debe aclarar principalmente por qué la pipa liberó gas en plena vía pública.
La FGE solicitó apoyo especializado de la Fiscalía General de la República, pero Núñez Morales afirmó que la carpeta no contiene todavía constancia de una respuesta federal.
También denunció la ausencia de información fiscal y jurídica de Tomza Gas Titanium y de su póliza de seguro. Aunque la Fiscalía ordenó desde el 7 de agosto recabar documentación en las instalaciones de la compañía, el expediente, según el abogado, no acredita que esa diligencia se concretara.
Protección Civil enfrenta cuestionamientos
Núñez Morales también cuestionó que Protección Civil permita a la compañía continuar operando después del siniestro sin ordenar una suspensión temporal.
Las víctimas solicitaron conocer las inspecciones realizadas, antecedentes, observaciones y número de pipas que opera la empresa. Además, cuestionaron que Ubaldo González Carretes, titular de Protección Civil, señalara que la revisión estaba prevista para septiembre, cuando el abogado sostiene que la legislación establece inspecciones durante los primeros tres meses del año.
“Vamos a ver si Protección Civil encubrió o simplemente fue omisa e irresponsable”, señaló Núñez Morales, aunque aclaró que todavía no existen elementos para afirmar que hubo encubrimiento.
La defensa también plantea una reparación integral que considere daños materiales y extrapatrimoniales, además de explorar la figura del daño punitivo con base en precedentes de la Suprema Corte.
Las familias dieron tres días a Protección Civil para responder sus solicitudes. Si la dependencia guarda silencio, podrían recurrir al juicio de amparo mientras continúa la exigencia de esclarecer las causas y responsabilidades por el siniestro.
