Siete jóvenes de la comunidad universitaria han sido asesinados
La violencia que atraviesa Morelos golpea directamente a la comunidad de la UAEM. Desde abril de 2025, siete estudiantes asesinados forman parte de un recuento que incluye feminicidios y ataques armados ocurridos en distintos municipios.
Los casos más recientes son Christian Shamed y Gael, ambos de 17 años y alumnos de la Preparatoria 2. Hombres armados los atacaron el 26 de septiembre mientras circulaban en motocicletas por Chulavista, en Cuernavaca. Otro adolescente resultó herido y, hasta la información proporcionada, la Fiscalía no había reportado detenidos ni establecido el móvil.
Quince días antes, Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española de intercambio, fue asesinada en Cuautla. Su feminicidio volvió a movilizar a una comunidad universitaria que ya reclamaba justicia por otras jóvenes asesinadas. La propia información institucional de la UAEM ha recogido las protestas y exigencias de mayor seguridad.
La lista también incluye a Aylin Rodríguez Fernández, Kimberly Joselin Ramos Beltrán, Karol Toledo Gómez y Michelle Itzayana Fuentes Calderón. Antes del ataque contra Christian y Gael, cinco mujeres vinculadas con la máxima casa de estudios habían sido asesinadas desde abril de 2025.
El problema tampoco termina con los homicidios. Dorian Alí Rodríguez Olivo, estudiante de Nutrición, permanece desaparecido desde junio.
Las movilizaciones universitarias llevan meses reclamando precisamente condiciones de seguridad dentro y fuera de los planteles. Estudiantes de Cuautla, Yautepec, Atlatlahucan y Totolapan incluso han advertido que el problema alcanza diferentes regiones y no solamente al Campus Chamilpa.
La respuesta alcanzó ahora al gobierno federal. Claudia Sheinbaum informó que reforzaron la presencia federal, particularmente en Cuautla, y solicitó comunicación con la gobernadora Margarita González Saravia, la rectora Viridiana León y los propios universitarios para definir nuevas medidas preventivas.
También pidió a Omar García Harfuch reforzar el trabajo en Cuernavaca ante la situación de seguridad.
Las medidas llegan después de meses de asesinatos, protestas y exigencias. Durante este periodo, la administración de González Saravia ha anunciado acciones de seguridad y defendido investigaciones específicas; incluso tras el feminicidio de Claudia aseguró que no habría impunidad. Sin embargo, el asesinato de dos preparatorianos apenas dos semanas después volvió a colocar el problema frente al gobierno.
Siete jóvenes muertos en poco más de un año muestran que la discusión ya no se limita a casos aislados. Para la comunidad universitaria, la exigencia ahora es evitar que la respuesta llegue únicamente después de cada asesinato.
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