Más de mil trabajadores del Poder Judicial de la Federación suspendieron sus actividades este jueves 5 de noviembre en Morelos, en rechazo a las nuevas evaluaciones de desempeño que, según denunciaron, ponen en riesgo su estabilidad laboral y podrían provocar despidos de empleados con décadas de experiencia.
La protesta comenzó alrededor del mediodía, cuando personal de confianza cerró las instalaciones judiciales de la colonia Del Lago y otras sedes ubicadas en Cuernavaca y Xochitepec. Los inconformes anunciaron un paro indefinido hasta que las autoridades atiendan sus demandas.
Evaluaciones del Poder Judicial generan temor a despidos
El conflicto surgió después de que las autoridades federales establecieron las fechas para aplicar los nuevos mecanismos de evaluación derivados de la reforma judicial.
Gloria Teresa Hernández García, trabajadora del Décimo Octavo Circuito, explicó que las disposiciones contemplan la posibilidad de rescindir los contratos de quienes no aprueben los exámenes.
La representante señaló que secretarios, actuarios, oficiales y otros empleados ya superaron procesos de selección y evaluación para obtener sus puestos, por lo que consideran injustificado someter nuevamente su permanencia laboral a estos criterios.
Además, los manifestantes sostienen que la medida contradice el artículo décimo transitorio de la reforma judicial, que establece garantías para proteger los derechos laborales del personal.
Hernández García, quien acumula casi 30 años de servicio, advirtió que muchos de sus compañeros también cuentan con más de dos décadas de experiencia y temen perder los derechos adquiridos durante su trayectoria.
Anuncian protestas indefinidas hasta obtener respuestas
Los trabajadores aclararon que no rechazan las evaluaciones por sí mismas, sino las condiciones que podrían convertirlas en un mecanismo para terminar relaciones laborales.
También rechazaron que su movilización busque conservar privilegios. Aseguraron que defienden la estabilidad, la experiencia profesional y la independencia necesarias para desempeñar sus funciones.
El movimiento contempla mantener guardias permanentes en las instalaciones hasta establecer un diálogo con las autoridades responsables.
De acuerdo con los inconformes, empleados de Chiapas, Puebla, Guerrero y Nuevo León también han iniciado movilizaciones, mientras otros estados podrían sumarse a las protestas.
La suspensión de actividades coloca nuevamente bajo cuestionamiento las consecuencias laborales de la reforma judicial. Los manifestantes advierten que perder personal experimentado podría afectar el funcionamiento de los tribunales y la atención a los ciudadanos.
Mientras no exista una respuesta institucional, los más de mil empleados del Poder Judicial que participan en el movimiento mantendrán su exigencia de garantías laborales y una revisión de los criterios de evaluación.
