Las contralorías de las cámaras de Diputados y Senadores han recibido 275 recursos de revisión en materia de transparencia desde que asumieron las funciones que anteriormente correspondían al extinto Inai. Hasta ahora, ninguno terminó con una resolución completamente favorable para los ciudadanos que impugnaron las respuestas del Poder Legislativo.

Solo en un expediente la autoridad ordenó modificar parcialmente una respuesta. En los demás casos resueltos, las contralorías confirmaron las contestaciones originales, sobreseyeron los procedimientos o los desecharon sin analizar el fondo.

El escenario genera cuestionamientos porque las propias contralorías del Congreso ahora deben revisar las inconformidades relacionadas con información que las cámaras legislativas se niegan a proporcionar.

Congreso acumula recursos sin una sola revocación

El Senado recibió 84 recursos entre junio de 2025 y julio de 2026. Desechó 24, admitió 43 y mantiene 17 en proceso de dictamen. De los 56 asuntos concluidos, confirmó 13 respuestas y sobreseyó otros 25. No revocó ninguna.

Entre las solicitudes que han generado inconformidades aparecen los viajes en primera clase de Gerardo Fernández Noroña, las subvenciones entregadas a los grupos parlamentarios, las contrataciones de asesores, comprobantes de gastos de Adán Augusto López y los costos de un evento encabezado por Andrea Chávez.

Uno de los casos involucró información sobre el presupuesto destinado a los grupos parlamentarios entre 2023 y 2025. El Senado indicó inicialmente que los datos estaban disponibles en la Plataforma Nacional de Transparencia, pero la documentación no aparecía allí.

Posteriormente, la Unidad de Transparencia argumentó que la información estaba reservada por encontrarse relacionada con un procedimiento de fiscalización. La propia Contraloría Interna del Senado había determinado esa reserva y después actuó como autoridad encargada de resolver la inconformidad.

Diputados también mantiene bajo llave información pública

La Cámara de Diputados recibió 191 recursos en un año. Desechó 110, admitió 78 y mantiene tres bajo análisis. De los 69 expedientes ya resueltos, confirmó 17 respuestas, sobreseyó 51 y únicamente ordenó modificar parcialmente una.

Las inconformidades incluyen negativas para informar sobre posibles investigaciones internas por nepotismo contra legisladores de Morena, así como solicitudes de facturas, gastos operativos y contratos de arrendamiento de casas de gestión.

Otro caso involucró comprobantes de recursos para asistencia legislativa del entonces presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna. Morena respondió inicialmente que no encontró los documentos y posteriormente señaló que estaban reservados debido a una auditoría. La Contraloría sobreseyó el recurso al considerar que la respuesta había sido ampliada.

El único expediente con una modificación parcial correspondió a una solicitud dirigida a la Auditoría Superior de la Federación sobre denuncias penales presentadas durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La autoridad garante determinó que la ASF debía proporcionar versiones públicas de documentos que incluyeran información sobre el posible daño patrimonial.

Los resultados dejan un problema evidente para el acceso a la información: después de la desaparición del Inai, el Poder Legislativo quedó prácticamente encargado de revisar sus propias negativas de transparencia, sin que hasta ahora una sola de ellas haya terminado completamente revocada.

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