La localización sin vida de Michelle Itzayana Fuentes Calderón, estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos reportada como desaparecida desde finales de mayo, vuelve a colocar bajo cuestionamiento las promesas de seguridad que autoridades estatales y universitarias anunciaron tras la ola de indignación provocada por los recientes feminicidios de alumnas.
Hace apenas unos meses, los casos de Kimberly Ramos y Karol Toledo detonaron movilizaciones, protestas, paros estudiantiles y exigencias de acciones concretas para proteger a la comunidad universitaria. La respuesta consistió en reuniones, anuncios públicos, mesas de trabajo y compromisos que prometían reforzar la seguridad para quienes diariamente se trasladan a las aulas.
Sin embargo, el nuevo caso vuelve a exhibir una realidad incómoda. Si las autoridades confirman que el cuerpo localizado en los límites de Tepoztlán y Yautepec corresponde a Michelle Itzayana Fuentes Calderón, las medidas anunciadas no lograron evitar otra tragedia.
La inseguridad sigue alcanzando a estudiantes y mujeres
La desaparición de jóvenes universitarias no representa únicamente un problema para la máxima casa de estudios. También refleja las deficiencias de una estrategia de seguridad que hasta ahora no ha mostrado resultados suficientes para frenar los riesgos que enfrentan miles de personas en Morelos.
Las exigencias de protección surgieron precisamente porque la comunidad estudiantil consideró insuficientes las acciones implementadas después de los casos anteriores. Hoy, la preocupación vuelve a crecer mientras familiares y compañeros esperan respuestas claras sobre lo ocurrido.
Por primera vez México tiene una presidenta y Morelos cuenta con una gobernadora. Aun así, las cifras y los hechos recientes mantienen abiertas las críticas sobre la capacidad institucional para garantizar condiciones seguras para las mujeres en la entidad.
Persisten cuestionamientos sobre la estrategia de seguridad
Las dudas también alcanzan los cambios recientes dentro de las corporaciones encargadas de combatir la delincuencia. El relevo en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana estatal no ha generado resultados visibles para una parte importante de la población.
A ello se suma la percepción de inseguridad que prevalece en distintos municipios. Homicidios, robos violentos, extorsiones y ataques armados continúan formando parte de la agenda diaria. Mientras tanto, la exigencia ciudadana sigue siendo la misma que se escuchó durante las protestas universitarias: pasar de los anuncios a resultados concretos que protejan la vida de estudiantes, jóvenes y mujeres.