La ofensiva federal contra la corrupción institucional volvió a colocar a Morelos bajo presión nacional después de que autoridades confirmaran nuevas detenciones relacionadas con presuntos vínculos entre gobiernos municipales y estructuras criminales en la región oriente del estado.
El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, confirmó este miércoles la captura de Agustín Toledano, alcalde en funciones de Atlatlahucan, e Irving Sánchez, exalcalde de Yecapixtla, como parte de la operación Enjambre, estrategia impulsada por el Gobierno federal contra redes de corrupción vinculadas al crimen organizado.
Horas después, Harfuch amplió el alcance del operativo y reveló que las investigaciones también golpearon directamente a la estructura del Ayuntamiento de Cuautla.
Operación Enjambre alcanza estructura política de Cuautla
Las autoridades detuvieron a Horacio N, secretario municipal de Cuautla y antiguo aspirante a la alcaldía; Pablo N, empresario y oficial mayor; Jonathan N, tesorero municipal, y Arisbel Rubi N, excandidata a la presidencia municipal.
Mientras tanto, la Fiscalía federal mantiene la búsqueda del alcalde de Cuautla, Jesús Corona, quien permanece prófugo tras el despliegue de la operación Enjambre.
Además, Harfuch informó que la Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó cuentas de 22 personas y 10 empresas presuntamente relacionadas con esta red de corrupción y con un operador del Cártel del Pacífico identificado como Júpiter Araujo, alias El Barbas.
El nombre de El Barbas ya había aparecido desde meses atrás en videos donde se observaba junto a algunos de los alcaldes ahora investigados.
Investigación también alcanza entorno político estatal
Uno de los señalamientos más delicados involucra al exalcalde Irving Sánchez, acusado de apropiarse de un predio destinado al suministro de agua potable, situación que habría provocado severo desabasto en comunidades de Yecapixtla.
Asimismo, Harfuch reconoció que las investigaciones derivadas de la operación Enjambre también incluyen a personas cercanas a la gobernadora Margarita González Saravia, aunque evitó revelar identidades o alcances específicos.
La operación Enjambre acumula ya más de 70 servidores públicos detenidos desde finales de 2024. El operativo comenzó en municipios del Estado de México y posteriormente avanzó hacia otras entidades como Jalisco y ahora Morelos, donde las denuncias ciudadanas por extorsión, cobro de piso y control criminal terminaron exhibiendo una estructura de corrupción que durante años operó prácticamente a plena luz del día.
