La inconformidad sindical volvió a las calles y mesas de diálogo en Morelos tras la reciente reforma a la Ley del Servicio Civil, que diversos gremios consideran lesiva para derechos laborales básicos. Sindicatos de distintos sectores expresaron su rechazo al señalar afectaciones directas a prestaciones, antigüedad y jubilación de miles de trabajadores.
La reforma, publicada en diciembre de 2025 en el Periódico Oficial Tierra y Libertad, modificó artículos clave que regulan las condiciones laborales de personal financiado con recursos estatales y federales. A partir de 2026, estos cambios limitan el acceso a jubilación, aguinaldo y reconocimiento pleno de antigüedad, según denunciaron las organizaciones.
Sindicatos del sector educativo, universitario, judicial y de telecomunicaciones advirtieron que la medida impacta a trabajadores activos y de nuevo ingreso, además de generar incertidumbre jurídica en materia de pensiones. Los dirigentes señalaron que la reforma se aprobó sin un proceso amplio de consulta laboral.
Sindicatos exigen diálogo y garantías laborales
Jehú Jocksan Tinoco Hernández, secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores en Educación Media Superior y del Colegio de Bachilleres de Morelos, solicitó la instalación de una mesa de diálogo con la gobernadora Margarita González Saravia. El objetivo es revisar el artículo transitorio de la reforma y garantizar que no se vulneren derechos adquiridos.
La mandataria estatal aseguró que los trabajadores con antigüedad mantienen sus derechos, aunque reconoció la necesidad de ajustar las condiciones de nuevos ingresos ante la presión financiera que enfrentan las pensiones estatales. También confirmó conversaciones con el Congreso local para revisar el alcance del cambio legal.
Representantes sindicales de la UAEM, Telmex y el Tribunal Superior de Justicia estimaron que la reforma podría afectar a cerca de 50 mil trabajadores en Morelos. En consecuencia, los gremios anticiparon movilizaciones y acciones legales si no se corrige el marco normativo.
El cierre del conflicto dependerá de los ajustes que se realicen al régimen transitorio y de la capacidad institucional para equilibrar finanzas públicas y derechos laborales consolidados.
