Los sindicatos y organizaciones de jubilados del estado elevaron la presión sobre autoridades estatales y federales ante reformas que consideran una amenaza para derechos pensionarios adquiridos. Las movilizaciones involucran a trabajadores del Gobierno estatal y jubilados de la Comisión Federal de Electricidad.
Alrededor de cien jubilados de la CFE protestaron durante casi tres horas frente a las oficinas de la empresa en Cuernavaca. La movilización coincidió con el 89 aniversario de la institución y formó parte de una jornada nacional.
Sindicatos exigen proteger derechos pensionarios
Los jubilados rechazan que la reforma al artículo 127 constitucional pueda aplicarse retroactivamente. La modificación establece límites para jubilaciones y pensiones del personal de confianza de empresas públicas del Estado.
El movimiento sostiene que los convenios celebrados previamente deben mantenerse. En Morelos existen aproximadamente 400 jubilados de la CFE, de acuerdo con estimaciones de la organización.
Paralelamente, alrededor de 20 sindicatos y organizaciones integrados en la Coalición de Sindicatos de Morelos mantienen otra disputa con el Gobierno estatal. El conflicto gira alrededor de una eventual reforma al artículo 131 de la Constitución local y sus posibles consecuencias sobre la Ley del Servicio Civil.
Trabajadores advierten movilizaciones por reforma
Las organizaciones cuestionan que el Gobierno estatal y el Congreso no hayan entregado el documento que plantea modificar el sistema. Los trabajadores temen cambios perjudiciales para sus pensiones y demandan conocer cualquier propuesta antes de negociar.
La coalición propone un parlamento abierto con especialistas y representantes laborales. También solicita proyecciones financieras de 30 y 50 años, estudios jurídicos y comparaciones con sistemas implementados en otras entidades.
Además, rechaza decisiones que puedan conducir hacia esquemas de cuentas individuales y exige participación efectiva de trabajadores y jubilados.
Las organizaciones advirtieron que podrían paralizar pacíficamente oficinas estatales si la reforma avanza en condiciones que consideren perjudiciales. También anticiparon consecuencias electorales para autoridades y legisladores que respalden modificaciones contrarias a sus demandas.
El movimiento estima que aproximadamente 30 mil familias podrían participar en acciones políticas si consideran vulnerados sus derechos pensionarios.
