Autoridades estadounidenses detienen a Víctor Manuel Álvarez Puga en Miami, acusado de corrupción y desvío de dinero público.
Detención de Víctor Manuel Álvarez Puga en Miami

Detención de Víctor Manuel Álvarez Puga en Miami

El escándalo por la detención de Víctor Manuel Álvarez Puga en Miami reaviva uno de los casos de corrupción más sonados de México. El abogado, esposo de la conductora de televisión Inés Gómez Mont, fue capturado por autoridades migratorias de Estados Unidos y permanece recluido en el centro Krome North de Florida. Su arresto representa un paso clave en la investigación sobre el presunto desvío de casi 3.000 millones de pesos de dinero público.

Las autoridades mexicanas buscan su extradición para que enfrente cargos por lavado de dinero y malversación de recursos. La pareja mantenía una orden de búsqueda de Interpol desde 2021 y, pese a ello, residía en Estados Unidos, donde habían adquirido propiedades y desbloqueado cuentas congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera.

Extradición y red de corrupción vinculada a Víctor Manuel Álvarez Puga

La detención de Víctor Manuel Álvarez Puga abre la posibilidad de su retorno a México, como ocurrió con el exdirector de Pemex, Carlos Treviño Medina. La Fiscalía General de la República documentó cómo Álvarez Puga y su hermano Alejandro crearon empresas fantasma desde su despacho Álvarez Puga & Asociados. Dichas compañías recibieron contratos de la Secretaría de Gobernación entre 2016 y 2017, cuando la dependencia era encabezada por Miguel Ángel Osorio Chong.

Los contratos simulaban servicios de seguridad en prisiones, sin personal ni infraestructura, mientras los fondos públicos se desviaban a cuentas privadas. Este esquema de empresas fachada se ha replicado en múltiples casos de corrupción en México.

Pese a las evidencias, la orden de captura llegó hasta 2021. En aquel entonces, Gómez Mont proclamó su inocencia en redes sociales. La pareja fue ubicada gracias a una demanda civil en una corte de Florida por el impago de un crédito de más de cuatro millones de dólares.

La detención marca un nuevo capítulo en la cooperación entre México y Estados Unidos contra los delitos financieros. El proceso judicial ahora dependerá de la solicitud formal de extradición y de la respuesta de las autoridades norteamericanas.

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