La nueva ley antiextorsión aprobada por la Cámara de Diputados en México busca fortalecer el combate a uno de los delitos más extendidos en el país. El proyecto establece sanciones más severas, nuevas herramientas de denuncia y una coordinación nacional para enfrentar la extorsión desde sus múltiples modalidades.
El dictamen plantea penas de seis a 25 años de prisión y multas de hasta 500 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización para quienes obliguen a otros a entregar dinero o beneficios mediante amenazas. La iniciativa también permitirá denuncias anónimas a través del número 089, buscando proteger a víctimas y testigos frente a represalias.
Nueva ley antiextorsión redefine responsabilidades públicas
La nueva ley antiextorsión contempla castigos más estrictos en casos agravados, como los cobros de piso o extorsiones cometidas a nombre de sindicatos u organizaciones simuladas. Sin embargo, durante el debate legislativo, la mayoría oficialista aprobó una modificación que reduce las penas a funcionarios públicos que no denuncien estos delitos, pasando de un rango de 10 a 20 años a uno de cinco a 12.
Esta decisión generó críticas de la oposición, que pidió aumentar las penas a los extorsionadores en lugar de reducirlas a los servidores públicos omisos. Aun así, el proyecto fue aprobado con 339 votos a favor y ahora será turnado al Senado para su análisis.
La ley también permitirá utilizar recursos de la extinción de dominio para reparar daños a las víctimas, sin afectar bienes legalmente asegurados.
Con la aprobación de esta norma, el Congreso busca homologar el tipo penal en los tres niveles de gobierno y cerrar vacíos legales que facilitan la operación de grupos delictivos. En Morelos, donde la extorsión afecta a comerciantes y transportistas, la implementación de esta ley podría representar un avance en la reconstrucción del orden y la confianza institucional.
