La narcopolítica se convirtió en uno de los temas más incómodos para los partidos políticos después de las detenciones derivadas del Operativo Enjambre. En ese contexto, el dirigente estatal del PRI, Eliasib Polanco Saldívar, anunció que su partido reforzará la revisión de perfiles que aspiren a cargos de elección popular para impedir que personas utilicen estructuras partidistas como escudo político o institucional.
El anuncio podría parecer razonable si no fuera porque llega acompañado de una larga lista de asuntos pendientes que el propio dirigente y su entorno político aún no han aclarado. Antes de hablar de filtros, muchos ciudadanos esperan respuestas sobre personajes, relaciones y episodios que han generado cuestionamientos públicos durante los últimos años.
El PRI habla de blindarse mientras crecen las dudas
La primera interrogante sigue sin respuesta. ¿Aclarará Eliasib Polanco Saldívar la fotografía donde aparece él o su hermano gemelo, Elías Polanco, llenando una maleta con dinero en efectivo? La imagen ha circulado ampliamente y hasta ahora no existe una explicación que cierre definitivamente la polémica.
A ello se suma el caso de Lucy Meza. Si el dirigente priista pretende presentar al partido como una organización libre de cualquier sospecha, también tendría que explicar los vínculos políticos que durante años mantuvo la excandidata con Jesús Corona, exalcalde de Cuautla recientemente detenido dentro de las investigaciones federales relacionadas con el Operativo Enjambre.
Las respuestas pendientes pesan más que los discursos
Los cuestionamientos tampoco terminan ahí. Sobre el regidor priista de Cuernavaca, Salvador Aguilar, existen señalamientos públicos respaldados por diversas evidencias que tampoco han sido aclarados de forma contundente.
Asimismo, permanece la cercanía política con el alcalde de Temixco, respaldado durante campañas anteriores, así como la relación con el diputado Paco Sánchez Zavala. Este último continúa acumulando faltas en el Congreso local después de la detención de su hermano dentro de las investigaciones derivadas del Operativo Enjambre.
Cuando un partido anuncia mecanismos para evitar la infiltración criminal, la exigencia más elemental consiste en revisar primero su propia casa. De lo contrario, el discurso corre el riesgo de convertirse en un simple ejercicio de control de daños mientras siguen sin responderse preguntas que afectan directamente la credibilidad de quienes hoy pretenden presentarse como vigilantes de la legalidad.