Gobierno anuncia expropiación tardía de La Cazahuatera

La gobernadora Margarita González Saravia anunció que su administración expropiará el predio conocido como La Cazahuatera, en Cuernavaca, para conservarlo como área verde y evitar que el crecimiento inmobiliario termine por transformar uno de los espacios naturales que colectivos ambientalistas llevan años defendiendo.

La decisión llega después del asesinato del regidor y activista Gabriel Rivas Ríos, quien había encabezado protestas contra los proyectos inmobiliarios en el terreno. Aunque la expropiación representa una respuesta favorable a una demanda ciudadana, también deja una pregunta sobre la actuación del Gobierno estatal: ¿por qué fue necesario llegar a este punto para atender una exigencia que llevaba tanto tiempo sobre la mesa?

Anuncian expropiación de La Cazahuatera

Durante el anuncio, González Saravia reconoció la lucha que Gabriel Rivas sostuvo junto con organizaciones ambientalistas y colectivos sociales, entre ellos la asociación Gustavo Salgado, para proteger el predio.

“Tomando la palabra de Gabriel, pero también de todos los ambientalistas, tomamos la decisión de la expropiación del predio”, expresó la mandataria.

El terreno, de casi cinco hectáreas, conserva vegetación de selva baja caducifolia y ha sido motivo de una disputa por su aprovechamiento. Con el paso de los años quedó en manos privadas: una parte fue adquirida por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y otra permaneció bajo control de la desarrolladora Portenta Hábitat, vinculada al proyecto residencial Altoverde.

La construcción de ese desarrollo provocó la oposición de ciudadanos y organizaciones que exigían preservar el espacio como parte del patrimonio ambiental de Cuernavaca.

La gobernadora sostuvo que la expropiación busca proteger el terreno para las generaciones presentes y futuras. También reiteró que instruyó acelerar las investigaciones por el asesinato del regidor y manifestó su confianza en que la Fiscalía presente información relevante durante los próximos días.

Una decisión tardía y una deuda con los parques existentes

El problema no está en la expropiación. Proteger este terreno es una decisión necesaria y coincide con lo que durante años solicitaron ambientalistas independientes, vecinos y organizaciones sociales. El cuestionamiento está en el momento en que el Gobierno decidió actuar.

Las manifestaciones para impedir la urbanización del predio no comenzaron con el asesinato de Gabriel Rivas. Ya existían advertencias sobre la importancia de conservar ese espacio y una oposición pública al proyecto inmobiliario. El propio regidor participó en esa lucha sin que sus exigencias consiguieran entonces la respuesta que ahora anuncia el Ejecutivo.

¿Por qué esas voces no recibieron la misma atención antes de que ocurriera el crimen? ¿Habría llegado la expropiación si la víctima hubiera sido un ambientalista independiente, un vecino o cualquier otro ciudadano sin un cargo público y sin pertenecer al partido gobernante?

No hay elementos para responder esas preguntas de manera definitiva, pero sí razones para plantearlas. Una política ambiental no debería depender de la notoriedad de una tragedia ni de la posición política de quienes defienden un espacio natural.

El anuncio también obliga a revisar otra contradicción. Mientras el Gobierno estatal promueve nuevos parques y proyectos de recuperación de espacios públicos, Cuernavaca conserva áreas verdes que llevan años enfrentando problemas de mantenimiento y deterioro.

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El Parque Melchor Ocampo, el Parque Estatal Urbano Barranca de Chapultepec, el Paseo Ribereño y sectores de La Alameda forman parte de los espacios cuya conservación merece atención. A ellos se suman las barrancas que atraviesan la ciudad y que también requieren protección.

En particular, el Parque Barranca de Chapultepec, uno de los principales atractivos naturales y recreativos de la capital, presenta condiciones de deterioro que contrastan con su importancia ambiental y turística. Resulta todavía más cuestionable que estos problemas persistan cuando las oficinas vinculadas a la política ambiental se encuentran cerca del lugar.

La apuesta por construir o habilitar nuevos parques, incluidos proyectos en el norte de Cuernavaca y en el antiguo espacio de las fuentes danzarinas, no debería desplazar la obligación de mantener los que ya existen. Crear áreas verdes puede generar anuncios y proyectos visibles, pero conservarlas exige presupuesto, vigilancia y trabajo permanente.

Por eso, la decisión sobre La Cazahuatera debe evaluarse más allá del anuncio. El Gobierno tiene la oportunidad de proteger un espacio que la ciudadanía defendió durante años, pero también enfrenta el cuestionamiento de haber reaccionado después de una pérdida irreparable.

La expropiación no devuelve la vida a Gabriel Rivas ni sustituye las respuestas que exige su asesinato. Tampoco resuelve por sí sola el abandono de otros espacios naturales.

La verdadera prueba será demostrar que la protección ambiental puede convertirse en una política preventiva y constante, capaz de escuchar a los ciudadanos antes de que los conflictos alcancen consecuencias irreversibles.