Un juez de control vinculó a proceso a la presidenta municipal de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco, por el delito de secuestro simulado. Sin embargo, también autorizó la suspensión condicional del procedimiento durante seis meses.
La resolución llegó después de una audiencia de casi 12 horas. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México presentó los elementos relacionados con los hechos del 31 de mayo, cuando la alcaldesa denunció que varias personas la privaron de la libertad afuera de su domicilio.
Fiscalía acusa a Nancy Nápoles Pacheco de organizar un montaje
El Ministerio Público sostiene que la alcaldesa planeó el supuesto secuestro junto con su esposo, José Roberto “N”, y su cuñado, Cristian “N”. Ambos permanecen prófugos. Otras tres personas también habrían participado en la operación.
La investigación señala que los involucrados buscaban exigir un rescate de 40 millones de pesos. Según la Fiscalía, pretendían utilizar ese dinero para cubrir un presunto faltante por la misma cantidad en el Ayuntamiento de Tenancingo.
La autoridad también afirma que el plan salió de control cuando un testigo reportó el hecho. En ese momento, la alcaldesa habría decidido suspender la operación.
Nancy Nápoles rechazó esa versión. Aseguró que sufrió un secuestro real y que escapó cuando sus captores se distrajeron. También negó cualquier desfalco y atribuyó la acusación a una estrategia política para impedir su eventual reelección.
La alcaldesa conservará el cargo durante el proceso
La defensa solicitó que la audiencia ocurriera sin público ni medios. El Ministerio Público aceptó y el juez permitió el acceso únicamente a las partes involucradas.
En la diligencia participaron dos agentes ministeriales, la alcaldesa, sus abogados y el síndico Víctor Avendaño Bustos, representante legal del Ayuntamiento.
Después de vincularla a proceso, el juez concedió la suspensión condicional durante seis meses. Nancy Nápoles deberá conservar su domicilio, prestar servicio social y acudir trimestralmente al juzgado.
Ninguna condición le impide gobernar. Por ello, continuará al frente del municipio mientras cumple las medidas judiciales.
