A casi 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, la CNDH enfrenta nuevas críticas. La recomendación emitida por el organismo encabezado por Rosario Piedra Ibarra no solo reconoce diversas violaciones a derechos humanos y las deficiencias de las investigaciones, sino que también libera de responsabilidad institucional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), una decisión que contrasta con los señalamientos documentados durante años por distintas investigaciones nacionales e internacionales.
La resolución reconoce desaparición forzada en agravio de 40 estudiantes, tortura —particularmente contra Julio César Mondragón—, detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza, ejecuciones extrajudiciales y diversas violaciones al derecho de acceso a la justicia. Sin embargo, para numerosos sectores, el punto más controvertido no radica en lo que incluye, sino en lo que deja fuera.
La CNDH descarta responsabilidad institucional de la Sedena
La recomendación atribuye responsabilidades a la Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), la Secretaría de Educación Pública (SEP), así como a diversas autoridades estatales y municipales de Guerrero.
No obstante, excluye a la Sedena y a la Secretaría de Marina (Semar), pese a que durante años informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), investigaciones oficiales y las propias exigencias de los familiares de los normalistas señalaron la necesidad de esclarecer el papel que desempeñaron elementos militares antes, durante y después de la desaparición de los estudiantes.
Para la CNDH, aunque hubo presencia de militares en Iguala durante las noches del 26 y 27 de septiembre de 2014 y existió monitoreo permanente de los acontecimientos, no encontró elementos para sostener una participación institucional del Ejército en los ataques contra los normalistas ni en un supuesto plan de contrainsurgencia.
El organismo sostuvo que, en todo caso, podrían existir responsabilidades individuales. Por ello recordó que actualmente 20 militares enfrentan procesos penales relacionados con delincuencia organizada y desaparición forzada.
Cuestiona al GIEI y respalda la versión del Ejército
Otro de los aspectos que más controversia genera es el tratamiento que la CNDH da a los informes del GIEI. Aunque reconoce parte de su trabajo, también sostiene que el grupo construyó narrativas que, a juicio del organismo, buscaron responsabilizar al Ejército sin lograr acreditarlo.
La comisión también validó la explicación de la Sedena respecto a los más de 800 folios del Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI), documentos cuya existencia y relevancia el GIEI señaló como fundamentales para conocer el paradero de los estudiantes.
Según la respuesta proporcionada por la propia Sedena y retomada por la CNDH, únicamente diez documentos correspondían directamente al caso Ayotzinapa y las autoridades ya los entregaron a las instancias investigadoras. Con ello, el organismo respaldó la postura militar y rechazó la versión de un supuesto ocultamiento sistemático de información.
La recomendación también desacredita la hipótesis sobre el estudiante Julio César López Patoltzin, identificado previamente por el GIEI y la CoVAJ como un militar infiltrado dentro de la Normal Rural, al considerar suficiente la explicación que la Sedena ofreció respecto a su presencia en la institución educativa.
Las conclusiones de la CNDH vuelven a abrir uno de los capítulos más sensibles del caso Ayotzinapa. Mientras el organismo sostiene que no existen elementos para responsabilizar institucionalmente al Ejército, familiares de los estudiantes, especialistas y diversas investigaciones continúan señalando que el papel de las Fuerzas Armadas sigue siendo una línea indispensable para conocer toda la verdad sobre uno de los casos más graves de violaciones a los derechos humanos en la historia reciente del país.
