Las imágenes de Jesús y Jennifer recorrieron redes sociales como si se tratara de una celebración común. Música, banquete y respaldo comunitario acompañaron una boda entre menores de edad en Huamuchitos, comunidad rural de Acapulco. Sin embargo, detrás de la fiesta volvió a quedar expuesta una práctica que sigue marcando la vida de miles de niñas en Guerrero.
Durante los últimos cinco meses, distintas comunidades documentaron al menos seis casos similares relacionados con matrimonio infantil, muchos de ellos ligados al pago de dotes y acuerdos económicos entre familias.
Datos del Inegi y estimaciones de la Red por los Derechos de la Infancia en México revelan que cerca de 12 mil adolescentes de entre 12 y 17 años viven en situación de matrimonio o unión forzada en Guerrero. La mayoría de los casos se concentra en la Montaña, Costa Chica y zonas rurales cercanas a Acapulco.
Dotes y pobreza siguen alimentando el matrimonio infantil
De acuerdo con especialistas, las familias continúan normalizando estas uniones mediante tradiciones comunitarias donde entregan dinero, cerveza, mezcal, pan y otros productos como parte de acuerdos matrimoniales.
La investigadora de la UNAM, Leticia Bonifaz, explicó que estas prácticas funcionan también como demostraciones de capacidad económica dentro de comunidades donde persisten condiciones severas de pobreza y desigualdad.
Además, especialistas alertan que el matrimonio infantil afecta principalmente a niñas y adolescentes, quienes frecuentemente abandonan la escuela después de las uniones y quedan expuestas a distintos tipos de violencia.
Violencia y abandono escolar golpean a menores
La psicóloga Carolina Giles advirtió que muchas adolescentes enfrentan relaciones desiguales y experiencias sexuales sin consentimiento después de contraer matrimonio infantil.
Asimismo, explicó que las menores pierden autonomía, oportunidades educativas y posibilidades de desarrollo personal desde edades muy tempranas.
Aunque Guerrero prohibió legalmente el matrimonio infantil desde 2022 y estableció penas de hasta 15 años de prisión contra quienes obliguen o induzcan estas uniones, las bodas continúan ocurriendo públicamente en distintas regiones del estado.
Leticia Bonifaz reconoció que las sanciones penales no han logrado frenar completamente estas prácticas y consideró urgente fortalecer campañas educativas, programas comunitarios y acciones preventivas para impedir que niñas y adolescentes sigan creciendo dentro de entornos donde las uniones forzadas todavía reciben respaldo social y familiar.
