Cloruro de calcio encubre millonario contrabando de combustible

Investigación por importaciones de cloruro de calcio

Las importaciones de cloruro de calcio registraron un incremento sin precedentes entre 2024 y 2025, al pasar de 750 mil kilos a 804 millones de kilos, un crecimiento cercano al 100 mil por ciento que coincide con las operaciones de una presunta red de huachicol fiscal detectada en la aduana de Matamoros.

De acuerdo con una investigación, la Fiscalía General de la República (FGR) vincula ese recinto aduanero con una estructura que habría permitido el ingreso de combustible desde Estados Unidos bajo la apariencia de solución de cloruro de calcio para evadir controles fiscales.

Cloruro de calcio ocultó el ingreso de combustible

La solución de cloruro de calcio tiene usos médicos, alimentarios e industriales, además de aplicaciones en la perforación de pozos petroleros. Sin embargo, las autoridades identificaron este producto como una de las sustancias utilizadas para ocultar cargamentos de combustible que cruzaban la frontera.

Mientras México importó entre 650 mil y 850 mil kilos anuales de este compuesto entre 2019 y 2024, la aduana de Matamoros recibió 804 millones de kilos entre enero y julio de 2025 mediante cerca de 14 mil operaciones.

Las importaciones cayeron abruptamente después de que una denuncia anónima provocó un cateo en 17 vagones ferroviarios que transportaban alrededor de 1.6 millones de litros de combustible declarado como cloruro de calcio.

La FGR busca a militares por el caso de Matamoros

La FGR busca detener a tres mandos del Ejército por su presunta participación en esta red. La investigación señala a los tenientes coroneles Armando Barrera Trujillo y Blas Pedro Sarabia García, además del teniente de policía militar Jorge García García, quienes encabezaron la aduana de Matamoros entre 2024 y 2026.

Según la carpeta de investigación, los funcionarios habrían permitido el ingreso de aproximadamente 144 millones de litros de hidrocarburos entre junio de 2024 y julio de 2025. La orden de captura también alcanza a empresarios y funcionarios civiles, entre ellos Armando III Riestra Fernández, propietario de Servicios Aduanales JR, quien permanece preso desde enero de 2026.

El caso amplía el escándalo de presunta corrupción en las aduanas mexicanas bajo administración militar y también involucra a funcionarios de la Secretaría de la Defensa Nacional, después de que investigaciones anteriores señalaran a integrantes de la Armada por hechos similares.