Congreso desafuera a alcalde acusado por crimen de periodista
El Congreso local retiró el fuero a dos presidentes municipales de Movimiento Ciudadano, entre ellos el alcalde de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, señalado por la Fiscalía como presunto autor intelectual del secuestro y asesinato de la periodista Roxana Guzmán.
La votación se realizó a puerta cerrada, sin acceso a la prensa y con 40 votos a favor, una mayoría suficiente para autorizar que ambos ediles enfrenten procesos penales. El desafuero no determina culpabilidad, pero elimina la protección constitucional que impedía actuar judicialmente contra ellos.
La Fiscalía de Veracruz sostiene que el alcalde Raúl González Martínez ordenó el secuestro y homicidio de Roxana Guzmán después de enterarse de que la comunicadora poseía una fotografía donde presuntamente aparecía portando un arma larga, imagen que, según la investigación, podía afectar su futuro político.
Las indagatorias señalan que policías municipales colaboraron con integrantes del Grupo Sombra para privar de la libertad a la periodista, quien posteriormente fue golpeada, asesinada y cuyos restos aparecieron en una fosa clandestina semanas después.
En este expediente ya enfrentan procesos penales ocho personas, entre ellas policías municipales y presuntos integrantes de esa organización criminal.
El Congreso también retiró el fuero al presidente municipal de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, investigado por la desaparición del empresario Héctor Ramos y de su escolta Ignacio López.
Los procedimientos avanzaron con rapidez. La Fiscalía presentó las solicitudes de desafuero el 6 de julio y, tras la revisión de la Sección Instructora integrada por legisladores de Morena y PT, el Congreso convocó una sesión extraordinaria para resolver ambos casos.
Movimiento Ciudadano sostiene que existe una persecución política contra sus gobiernos municipales. Su dirigente nacional, Jorge Álvarez Máynez, responsabilizó a la gobernadora Rocío Nahle de utilizar las instituciones para golpear políticamente a su partido y solicitó medidas de protección ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
La Fiscalía rechazó esos señalamientos y aseguró que las investigaciones se sustentan en pruebas y no en intereses partidistas. Su titular, Lisbeth Jiménez, afirmó que únicamente los jueces podrán determinar la responsabilidad penal de los involucrados conforme avance cada proceso.
Con el desafuero aprobado, ambos expedientes entran ahora en una nueva etapa judicial, mientras continúa el debate entre quienes consideran que se trata de investigaciones legítimas y quienes denuncian un uso político de las instituciones.
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