Violencia política golpea a la Mixteca oaxaqueña
La violencia política sacudió Oaxaca con el asesinato de Joel Ángel Bravo Martínez, presidente municipal de San Miguel Amatitlán. El edil panista murió este sábado durante un ataque armado registrado en su domicilio, en la región Mixteca.
El caso exhibe una omisión grave, porque el alcalde había solicitado protección al gobierno de Salomón Jara Cruz desde el 15 de mayo, luego de denunciar riesgos de seguridad en la zona. De acuerdo con versiones difundidas tras el crimen, esa protección no llegó.
El ataque ocurrió alrededor de las ocho de la mañana, cuando el alcalde se preparaba para iniciar sus actividades. Un comando armado llegó hasta su vivienda y disparó contra él.
El gobernador Salomón Jara confirmó el asesinato en redes sociales y condenó el crimen. Además, informó el despliegue de un operativo interinstitucional para ubicar a los responsables.
La Fiscalía General de Oaxaca inició investigaciones ministeriales y periciales por la agresión con arma de fuego. Asimismo, anunció presencia policial reforzada y un operativo táctico ininterrumpido para cerrar rutas de escape.
La parte más delicada del caso apunta a las alertas previas. Joel Ángel Bravo Martínez había denunciado en redes sociales un secuestro virtual ocurrido en la carretera Acatlán Huajuapan y pidió seguridad en una mesa institucional.
Por otro lado, el alcalde también había señalado la presencia de delincuencia organizada entre Puebla y Oaxaca, particularmente por asaltos contra transportistas.
El asesinato deja una pregunta incómoda para el gobierno estatal. Si un presidente municipal pidió protección formal y después fue ejecutado, las autoridades deben explicar quién evaluó el riesgo, qué respuesta dieron y por qué el edil quedó vulnerable.
La Fiscalía tendrá que esclarecer el ataque, pero el caso ya rebasa la investigación penal. La muerte de un alcalde que pidió auxilio obliga a revisar fallas de prevención, protección política y seguridad pública en la Mixteca oaxaqueña.
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