Una investigación de Proceso vincula a Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de asesores de la Presidencia, con la asignación de 84 millones de pesos mediante contratos directos para producir la serie Los años heridos. El proyecto involucró a funcionarios y personas cercanas a su entorno político, mientras su costo por minuto habría alcanzado hasta 11 veces el de otras producciones de la misma empresa.

El reportaje también identifica una red de compañías relacionadas con operadores de la Cuarta Transformación que obtuvo al menos 345 millones de pesos en contratos públicos, lo que abre nuevos cuestionamientos sobre el destino de recursos gubernamentales.

Contratos por 84 millones y vínculos con Jesús Ramírez Cuevas

Capital 21, Canal Once y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos financiaron Los años heridos mediante adjudicaciones directas, sin un proceso de licitación pública.

La producción quedó en manos de Gravedad Cero Films, empresa fundada por Erwin Neumaier, quien ocupó cargos directivos en Cepropie y Estudios Churubusco durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Además, Ramírez Cuevas participó como asesor general de la serie, basada en un libro de Fritz Glockner, exdirector de las librerías Educal y actual secretario de Arte y Cultura de Puebla.

El monto contratado y la diferencia de costos frente a otros trabajos de la productora generan dudas sobre los criterios utilizados para autorizar el gasto.

Red empresarial acumuló otros 345 millones de pesos

La investigación también documenta operaciones de empresas relacionadas con Heurística Comunicación, encabezada por Iván Manuel Silva Yanomé, estratega político vinculado con la Cuarta Transformación.

Según el reportaje, estas compañías comparten accionistas o representantes legales y desarrollan campañas digitales para respaldar acciones gubernamentales y desacreditar a sus críticos.

Aunque sus operadores no ocupan puestos formales en la oficina presidencial, la publicación señala que mantienen actividades desde Palacio Nacional.

La red habría recibido al menos 345 millones de pesos mediante contratos con gobiernos de distintos niveles y estructuras políticas relacionadas con Morena. Además, existen operaciones con montos reservados y contrataciones que no aparecieron en reportes electorales.

Ante los señalamientos, Proceso envió cinco preguntas a Jesús Ramírez Cuevas sobre su intervención en la serie, el manejo de los recursos y posibles beneficios económicos. Sin embargo, no obtuvo respuesta.

La falta de explicaciones mantiene abiertas preguntas fundamentales: quién decidió entregar los contratos sin licitación, cómo justificaron los costos y qué controles aplicaron para evitar posibles conflictos de interés.

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