Cuestionan presuntas influencias de Juan Carlos Salgado Ponce
Dos mujeres han denunciado situaciones distintas que involucran al empresario y exfuncionario Juan Carlos Salgado Ponce, mientras sus familias y representantes legales cuestionan la actuación de las autoridades de Morelos. Los señalamientos ponen bajo escrutinio el avance de las investigaciones y las posibles ventajas que podrían derivarse de sus relaciones políticas.
El caso más delicado es el de Karla Sotelo Miranda, quien lleva más de tres meses en prisión preventiva por una acusación de extorsión agravada presentada después de que ella señalara al empresario y a su esposa por intento de abuso sexual durante un viaje a Costa Rica.
Según el testimonio de la modelo, Juan Carlos y su esposa intentaron mantener relaciones sexuales con ella sin su consentimiento. Tras regresar a México, solicitó una disculpa y apoyo económico para cubrir las terapias que, afirma, necesitó por las afectaciones psicológicas del episodio.
Sin embargo, Salgado Ponce la denunció por extorsión. La Fiscalía sostiene que existen mensajes con amenazas de exhibición pública y una transferencia de 10 mil pesos.
La defensa rechaza esa interpretación, asegura que el dinero correspondía a gastos terapéuticos y cuestiona los peritajes psicológicos e informáticos.
La jueza Yaredi Montes Rivera vinculó a proceso a Sotelo Miranda dentro de la causa y le impuso prisión preventiva oficiosa.
Por su parte, sus abogados presentaron una querella por trata de personas. Su familia denuncia retrasos procesales desde agosto y exige conocer qué diligencias han realizado las autoridades para investigar los hechos que ella relató.
Iliana Mónica Rojas Rubí, exempleada doméstica del empresario, también ha denunciado presuntas presiones que, según su testimonio, obstaculizan la resolución de su conflicto laboral y el avance de una investigación.
Rojas Rubí sostiene que obtuvo un laudo favorable por despido injustificado, pero no ha conseguido su cumplimiento pleno. Además, afirma que su carpeta penal permanece sin judicializarse.
Los señalamientos difundidos también mencionan al exfiscal Fernando Blumenkron Escobar, a quien atribuyen una presunta intervención favorable al empresario.
Salgado Ponce fue secretario de Desarrollo Económico durante el gobierno de Graco Ramírez. También pertenece a una familia con trayectoria política: su padre, Juan Salgado Brito, ocupó la Secretaría de Gobierno.
El contraste exige respuestas: Karla Sotelo enfrenta un proceso penal desde prisión, mientras su defensa reclama avances en la denuncia que presentó. Por otro lado, Rojas Rubí cuestiona la falta de resultados en su propio caso.
La Fiscalía de Morelos, encabezada por Édgar Maldonado, tiene mucho que explicar. ¿Por qué las denuncias que involucran a Juan Carlos Salgado Ponce, hijo del fallecido exsecretario de Gobierno Juan Salgado Brito, enfrentan tantos obstáculos y retrasos, mientras una de sus denunciantes lleva más de tres meses en prisión? ¿Qué diligencias han realizado las autoridades y por qué no han esclarecido los señalamientos en su contra? Resulta inevitable cuestionar si el peso de su apellido y sus vínculos políticos han influido en el rumbo de las investigaciones.
La Fiscalía debe demostrar con hechos, no con discursos, que la justicia en Morelos no avanza a distintas velocidades según el poder y las relaciones de quienes aparecen en una denuncia.
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