Redes financieras detrás del dinero de los cárteles mexicanos
El negocio del narcotráfico mexicano necesita estructuras capaces de mover sus ganancias sin revelar su origen. Autoridades estadounidenses identifican redes financieras vinculadas con China como intermediarios cada vez más relevantes.
Un análisis publicado en agosto de 2026 por el Servicio de Investigación del Congreso estadounidense documenta conexiones con organizaciones mexicanas. Entre ellas aparecen los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y del Golfo.
El mecanismo responde a intereses complementarios. Algunos ciudadanos chinos buscan superar controles nacionales para obtener divisas, mientras organizaciones criminales necesitan transformar dólares del narcotráfico en recursos utilizables.
Estas redes emplean banca clandestina, empresas fantasma, criptomonedas, casinos, bienes raíces, testaferros y operaciones comerciales. Además, reclutan personas para depositar fondos o abrir cuentas.
El informe aclara que denominarlas redes chinas no significa vincularlas con el Gobierno chino o el Partido Comunista. Tampoco describe una organización única o centralizada.
La Operación Fortune Runner mostró la dimensión del esquema. Autoridades estadounidenses acusaron en 2024 a 24 personas y documentaron más de 50 millones de dólares vinculados con el Cártel de Sinaloa.
Otro proceso concluyó en 2025 con integrantes de una red que admitieron operaciones superiores a 92 millones de dólares. Utilizaron cuentas pertenecientes a empresas fantasma constituidas en Estados Unidos.
También, autoridades acusaron al ciudadano chino Zhi Dong Zhang de utilizar más de 100 empresas fantasma para mover al menos 77 millones de dólares procedentes del narcotráfico.
El problema supera al mercado de drogas. El Tesoro estadounidense relaciona estas estructuras con fraude, trata de personas, contrabando y evasión fiscal.
FinCEN recibió reportes sobre aproximadamente 312 mil millones de dólares en actividades potencialmente sospechosas relacionadas con redes de narcotráfico entre 2020 y 2024.
El Congreso considera que Estados Unidos, México y China enfrentan ahora el desafío de coordinar acciones contra una infraestructura financiera que opera entre sistemas económicos y fronteras.
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