Debate por la llamada Ley Antimemes
La llamada “Ley Antimemes” abrió un nuevo debate en el Congreso por dos reformas impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum que modifican las reglas sobre propiedad intelectual y contenidos digitales. Legisladores de oposición y organizaciones civiles cuestionan sus posibles efectos sobre la sátira y la libertad de expresión, mientras las iniciativas sostienen que buscan combatir engaños y proteger derechos de autor.
Las propuestas no establecen una prohibición general de los memes ni contemplan enviar a prisión a cualquier persona que publique uno. Sin embargo, una iniciativa plantea penas de tres a siete años cuando alguien utilice, reproduzca o imite, a escala comercial, la identidad gráfica de instituciones públicas con intención de inducir a error o engaño.
La modificación a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial también contempla multas de mil a 10 mil UMA. Ricardo Anaya, coordinador del PAN en el Senado, advirtió que la redacción podría alcanzar parodias y pidió incorporar expresamente excepciones para periodistas y contenidos satíricos.
Caricaturistas también han expresado preocupación por los posibles alcances sobre la crítica política. El debate, por tanto, se concentra en si las condiciones de “escala comercial” e intención de engañar delimitan suficientemente la conducta sancionable.
La segunda iniciativa modifica la Ley Federal del Derecho de Autor. Esta propuesta establece responsabilidad secundaria para proveedores de internet ante determinadas infracciones cometidas por usuarios y exige una política para terminar el servicio a infractores reincidentes.
El proyecto no crea un delito denominado “meme” ni establece cárcel específicamente para sus creadores. Las consecuencias pueden surgir cuando fotografías, música, ilustraciones u otras obras protegidas se utilizan sin autorización y se configura una infracción de derechos de autor.
ARTICLE 19 cuestionó el proyecto porque considera que puede incentivar la retirada de contenidos y afectar la libertad de expresión. La iniciativa, por su parte, busca armonizar la legislación mexicana con compromisos internacionales y el T-MEC.
La discusión en Diputados, prevista inicialmente esta semana, fue aplazada sin una nueva fecha. Por ello, las modificaciones sobre responsabilidad de proveedores todavía no están vigentes y permanecen dentro del proceso legislativo.
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