Auditorías señalan pagos a maestros muertos en zonas de la CNTE

Auditorías federales exhiben irregularidades en nómina educativa

Desde 2018, la Auditoría Superior de la Federación detectó pagos indebidos a maestros fallecidos, trabajadores dados de baja y personal que ni siquiera fue localizado en sus centros laborales.

Las observaciones se concentran en entidades con fuerte presencia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, como Oaxaca, Michoacán, Chiapas y Guerrero. El posible daño acumulado al erario ronda los mil millones de pesos, según revisiones al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo.

CNTE aparece en estados con pagos irregulares

Entre 2019 y 2020, la ASF documentó más de 156 millones de pesos destinados a nóminas de trabajadores fallecidos. En total, registró 27 mil 854 pagos irregulares a favor de 4 mil 160 personas que ya habían muerto.

Además, las anomalías incluyen depósitos a docentes con licencias sin goce de sueldo, empleados dados de baja y personas sin documentación suficiente para acreditar funciones dentro del sistema educativo. El problema no luce aislado, sino sostenido por controles débiles y padrones laborales opacos.

Oaxaca concentró uno de los casos más severos. En 2022, la ASF observó un probable daño patrimonial por 157.5 millones de pesos, equivalente a casi 87 por ciento de las irregularidades detectadas ese año en el país.

Nómina educativa sin controles suficientes

Michoacán también apareció de manera recurrente. En 2021, el órgano fiscalizador identificó pagos indebidos por casi 3 millones de pesos a trabajadores con licencia, dados de baja o fallecidos. Chiapas encabezó observaciones nacionales en 2023, con probable perjuicio superior a 43 millones.

Asimismo, la ASF promovió procedimientos administrativos contra servidores públicos responsables y exigió aclarar o reintegrar recursos. Aunque los pagos los ejecutan gobiernos estatales, persisten plazas opacas, comisiones sindicales y retrasos en bajas laborales. Solo entre 2019 y 2020, las auditorías confirmaron 4 mil 160 beneficiarios fallecidos dentro de la nómina educativa.