Exchofer de José Luis Urióstegui asciende en Cuernavaca

Mientras Cuernavaca enfrenta problemas de movilidad, corrupción vial y una creciente percepción de desorden en las calles, el gobierno municipal decidió entregar la dirección de la Policía Vial a quien hasta hace poco conducía el vehículo oficial del alcalde. La designación de Rigoberto Hernández Cruz no tardó en generar cuestionamientos, no por la experiencia que asegura tener el Ayuntamiento, sino por la cercanía que durante años mantuvo con José Luis Urióstegui Salgado.

Rigoberto Hernández Cruz asumió la dirección de la Policía Vial en sustitución de Javier Antonio Tencle Santiago. Aunque el gobierno municipal sostiene que cuenta con experiencia en el Ejército Mexicano, trayectoria en la administración pública y exámenes de control de confianza aprobados, el nombramiento ha despertado cuestionamientos sobre los verdaderos criterios utilizados para ocupar un cargo de esa relevancia.

Cercanía con José Luis Urióstegui genera dudas

La principal controversia no gira únicamente alrededor del perfil profesional de Hernández Cruz, sino de su cercanía con José Luis Urióstegui. Durante años se desempeñó como chofer del alcalde, un antecedente que inevitablemente alimenta sospechas sobre si el ascenso responde a méritos institucionales o a relaciones de confianza personal.

El Ayuntamiento informó que el relevo forma parte de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano (Seprac). Sin embargo, para muchos ciudadanos la explicación oficial resulta insuficiente frente a la magnitud de las responsabilidades que implica dirigir la Policía Vial de la capital.

¿Era esta la prioridad para Cuernavaca?

El alcalde justificó la salida de Javier Antonio Tencle Santiago argumentando un desgaste en la relación con los elementos subordinados y problemas para ejecutar órdenes dentro de la corporación.

Asimismo, señaló que el nuevo director deberá enfocar a los agentes en mejorar la circulación vehicular y evitar prácticas relacionadas con infracciones innecesarias o posibles actos de corrupción.

No obstante, el nombramiento deja muchas interrogantes. Si el problema principal era el desgaste interno, ¿por qué la solución fue promover a una persona tan cercana al círculo del alcalde? ¿Se realizó una evaluación amplia de perfiles? ¿Existían mandos con experiencia operativa directa dentro de la corporación que pudieran asumir la responsabilidad?

Mientras la administración municipal pide a los ciudadanos denunciar actos de corrupción ante la Contraloría, el debate ahora se concentra en si este cambio fortalecerá realmente la corporación o si simplemente representa otro caso donde la confianza política pesa más que la percepción pública.

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