Juicio político presiona al gobierno de Nuevo León
La crisis política en Nuevo León alcanzó un punto mayor para Samuel García justo cuando Monterrey busca proyectarse ante el mundo como sede mundialista. La Comisión Anticorrupción del Congreso local aprobó iniciar un juicio político contra el gobernador por presuntas triangulaciones de recursos públicos y posible peculado.
El procedimiento avanza en un contexto incómodo para el mandatario de Movimiento Ciudadano. La denuncia señala supuestas operaciones financieras que habrían trasladado recursos públicos estatales hacia despachos vinculados con su entorno familiar y político.
La acusación fue presentada por Morena en Nuevo León, encabezada por Anabel Alcocer, quien llevó el caso también ante la Fiscalía General de la República. Según la dirigente, los montos presuntamente desviados podrían alcanzar hasta mil 400 millones de pesos.
Además, reportes citados en la denuncia hablan de una triangulación cercana a 3 mil millones de pesos mediante pagos del gobierno estatal a proveedores que después habrían terminado en un despacho jurídico relacionado con familiares del gobernador.
La Comisión Anticorrupción aprobó dar trámite al juicio con votos de legisladores del PAN, PRI y Morena. Sin embargo, el propio bloque guinda mostró una contradicción política evidente, ya que Mario Soto y Rodrigo Montemayor no acudieron a la sesión. Solo Grecia Benavides votó a favor.
El Congreso solicitó que Samuel García rinda declaración en un plazo de 15 días hábiles. Podrá comparecer personalmente, responder por escrito o hacerlo mediante abogado.
Desde Movimiento Ciudadano, Sandra Pámanes acusó persecución política y sostuvo que la denuncia carece de sustento jurídico suficiente. Aun así, la oposición rechazó desechar el procedimiento.
El expediente todavía debe pasar por el pleno del Congreso, donde requerirá mayoría calificada. La oposición suma fuerza suficiente para mantener la presión, mientras Movimiento Ciudadano cuenta apenas con 10 curules. El golpe político ya ocurrió y coloca al gobernador frente a una acusación grave en el peor momento público para Nuevo León.
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