Hay preguntas que el poder político intenta sepultar entre música, rifas y espectáculos masivos. La más incómoda apareció otra vez tras el festejo organizado alrededor del diputado federal Agustin Alonso en el estadio Coruco Díaz de Zacatepec. Mientras miles de asistentes observaban rifas de automóviles, pantallas, dinero en efectivo y apoyos para liderazgos sindicales, volvió a surgir la duda que durante años persigue al grupo político de Yautepec. ¿De dónde sale realmente tanto dinero?
La magnitud del evento chocó de frente con los ingresos públicos conocidos de un diputado federal. Agustin Alonso percibe un salario cercano a los 80 mil pesos mensuales y poco más de un millón de pesos al año. Bajo cualquier lógica financiera razonable, resulta imposible ignorar el tamaño del gasto desplegado en eventos multitudinarios, operación territorial y regalos de alto valor económico.
Agustin Alonso y el poder económico bajo sospecha
La familia Alonso construyó durante años una de las estructuras políticas más fuertes del oriente del estado. Yautepec permaneció bajo influencia directa del grupo político durante múltiples administraciones y procesos electorales. Además, el diputado federal de Morena arrastra señalamientos públicos relacionados con presuntos vínculos criminales.
El entonces comisionado estatal de Seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros, sostuvo confrontaciones públicas con Agustin Alonso cuando éste era diputado local. Las diferencias escalaron hasta colocar al liderazgo político de Yautepec bajo cuestionamientos relacionados con condiciones de seguridad y presunta operación criminal en la región.
Rifas, hoteles y campañas alimentan más cuestionamientos
Lejos de disminuir, la exhibición de poder económico continúa creciendo. En redes sociales, Agustin Alonso anunció una nueva rifa de automóviles, motonetas y premios para estudiantes del quinto distrito federal durante un evento programado en el hotel y balneario San Agustín, en San Carlos.
El crecimiento del hotel San Agustín también genera sospechas entre sectores políticos locales, donde persisten acusaciones sobre presunto uso de recursos municipales, operadores del ayuntamiento y dinero de origen no aclarado. La pregunta sigue intacta. Si los recursos tienen origen lícito y transparente, entonces no debería existir problema alguno en demostrarlo públicamente.
