CONAGUA y la red de contratos bajo investigación
Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad puso bajo escrutinio a la CONAGUA tras revelar que una red de diez empresas sin experiencia en obras hidráulicas obtuvo contratos por 2 mil 314 millones de pesos durante los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum. El entramado tiene como eje a Ferroclin U&Q, una compañía declarada este año como empresa fantasma por el SAT.
La investigación documenta que gran parte de los recursos fue asignada desde la Gerencia de Recursos Materiales de la dependencia, un área que estuvo encabezada por Alejandra Icela Martínez Rodríguez, hija de la actual secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y posteriormente por Ángel Manuel Medel Ríos, exintegrante de la Ayudantía Presidencial.
De acuerdo con los hallazgos, ambos funcionarios participaron en la asignación de casi el 80 por ciento de los recursos entregados a la red empresarial. Las compañías beneficiadas recibieron contratos relacionados con proyectos estratégicos como la presa Santa María, el distrito de riego del pueblo Yaqui y la presa Picachos.
Uno de los casos más llamativos es el de Jylco Construcciones. La empresa fue fundada por el arquitecto acapulqueño Marco Antonio Juárez Altamirano, quien falleció en 2022 sin haber alcanzado estabilidad económica. Sin embargo, antes de su muerte, la compañía obtuvo un contrato por 177 millones de pesos para una obra en Sinaloa, pese a no contar con antecedentes relevantes en infraestructura hidráulica.
Las investigaciones señalan que empresarios tabasqueños tomaron el control de varias compañías originarias de Acapulco y posteriormente estas comenzaron a recibir contratos federales de alto valor.
Ferroclin U&Q recibió al menos 329 millones de pesos en contratos de la CONAGUA entre 2019 y 2023. En enero de 2026 fue incluida por el SAT en la lista definitiva de empresas que simulan operaciones debido a la falta de activos, personal e infraestructura.
Pese a esa clasificación, la compañía continuó participando en procesos de contratación pública. En marzo de 2026 apareció en una licitación para la construcción de un bordo en el río Suchiate, en Chiapas.
La investigación también identifica vínculos entre las empresas mediante accionistas, administradores, gerentes y representantes legales compartidos. Además, varias de ellas participaron en licitaciones donde aparentemente competían entre sí.
La CONAGUA respondió que la información contractual es pública y sostuvo que cualquier posible irregularidad corresponde ser investigada por las instancias competentes. Mientras tanto, la red empresarial sigue activa y mantiene presencia en procedimientos federales de contratación.
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